En los últimos años son muchas las entidades que han caído en descrédito en España, pero la que más confianza ha perdido ha sido la clase política, hasta el punto de que los políticos y la corrupción están entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Hemos pasado del histórico desinterés por la política al habitual descontento con el Gobierno de turno y más recientemente al distanciamiento del sistema político actual, incapaz de resolver los problemas más básicos de los ciudadanos. La identificación de la sociedad con sus representantes públicos está en sus horas más bajas. Los motivos son variados y complejos, pero el principal es la falta de cercanía y de sintonía que los ciudadanos percibimos en nuestros dirigentes políticos.
En las democracias occidentales los partidos políticos tienen dos funciones básicas. La primera es presentar propuestas y candidatos para ocupar los cargos públicos. La segunda es atender y resolver los problemas de la sociedad desde esos cargos públicos y en coherencia con sus programas electorales. Ninguna de estas dos cosas tan elementales funciona bien en España. El desempeño de la función pública supone un trabajo arduo y no siempre bien reconocido, pero últimamente este esfuerzo está empañado debido a la falta de transparencia de los partidos políticos (con financiaciones opacas, sin elecciones primarias, con listas cerradas de candidatos) y a la actitud de un grupo de dirigentes -meros títeres movidos por los hilos del poder- que nos hablan de cosas que no nos importan (la recuperación macroeconómica) y no nos hablan de lo que sí nos importa (la economía doméstica).
En las listas cerradas de candidatos los partidos nos cuelan a personas dóciles que, en vez de velar por los intereses de sus electores, obedecen a rajatabla las directrices de los dirigentes de su partido. En vez de gente sensata y humilde abundan los mediocres que no están dispuestos a quedarse sin su medio de vida (un cargo público en “lo que sea”) por decir públicamente lo que la sociedad ya sabe: que han tolerado la corrupción a sabiendas, que tienen una mala imagen, que se les considera “una casta” privilegiada, con más de 2.000 políticos aforados, con puertas giratorias hacia las grandes empresas de sectores regulados, con múltiples casos de corrupción…
La apreciación que tiene la ciudadanía sobre la clase política es que en más ocasiones de las deseables el servicio público es sinónimo de beneficio personal para los políticos, que las administraciones públicas son ineficientes, redundantes y absurdas (por ejemplo, ¿qué sentido tiene el Senado, aparte de cementerio de elefantes?) y que muchos cargos públicos son inútiles y se prestan a corruptelas. La corrupción y el fraude, así como los políticos en general están entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. No se percibe ninguna autocrítica, no reconocen que no se han acercado a muchos sectores de la sociedad (la juventud, las pymes) y sin una regeneración a fondo no hay forma de que nuestros políticos resulten creíbles.
Ante este panorama tan desolador en los últimos años muchos ciudadanos críticos han participado por primera vez en movilizaciones de protesta y más tarde algunos han dado el paso hacia distintos movimientos sociales que pretenden acceder a la política, a los asuntos públicos, intentando reducir la brecha existente entre la clase política y la ciudadanía. Con estas actuaciones la ciudadanía está enviando a la clase política tradicional señales claras sobre lo que quiere y sobre lo que rechaza.
En la política española hay que introducir eficacia, transparencia, códigos éticos, mandatos limitados, de forma que las instituciones costeadas por todos estén al servicio del bien común. El sistema no puede estar al servicio de los políticos, sino al servicio de los ciudadanos.
En esta nueva “cosa pública” se tendrá que racionalizar el número de administraciones (europeas, nacionales, autonómicas, provinciales, comarcales y locales) y se deberá evitar la politización de las instituciones públicas buscando alternativas al método actual por el que se nombra a dedo a altos cargos y asesores y se crea una red de agencias y fundaciones que muchas veces no son más que pesebres y redes clientelares.
Además es preciso dejar a los políticos los temas legislativos y a los técnicos los temas ejecutivos. Las instituciones, en especial los ayuntamientos, como las más cercanas a los ciudadanos, deben estar gestionadas por técnicos profesionales, por gente que ocupe el cargo por su competencia profesional y no por su carnet político.
Las prioridades urgentes para los próximos años son proporcionar alimentos a los más pobres, garantizar unos servicios sanitarios básicos, educar a la juventud, construir viviendas asequibles y proteger el medio ambiente. Las administraciones deberán estar menos ligadas a los intereses económicos y comerciales de la economía formal y más atentas a los intereses ciudadanos de la economía social.
Igual que los partidos verdes consiguieron plantar la semilla de la necesidad de la protección ambiental a todos los partidos y a la sociedad en general, los nuevos partidos impulsados por ciudadanos deberán pretender plantar la semilla de la necesidad de regeneración en la vida pública y de dirigir su atención a lo verdaderamente importante.
Ante la brecha existente entre los políticos y los ciudadanos, alguien tiene que controlar a los políticos y ese alguien debe ser la ciudadanía y no las grandes empresas ni “los mercados”. También en el ejercicio de recuperar la confianza en la función pública estamos ante un nuevo ciclo social, político, económico, educativo, cultural…
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